La UPLB afirma que agentes en prácticas realizaron funciones que no les competerán en un futuroEl año pasado ya ocurrió algo parecido, y en la reciente edición del Gran Premio de Motociclismo de 2009 ha vuelto a repetirse. La Unión de Policía Local y Bomberos ha denunciado la utilización de 32 alumnos de la ESPA de Aznalcázar (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía) en el dispositivo de vigilancia y control del evento. Unos aspirantes a policía local que realizaron estas labores en concepto de prácticas, algo que desde la UPLB recuerdan que no debería estar permitido bajo ningún concepto.
La argumentación del sindicato radica en que los futuros agentes realizaron tareas impropias del Cuerpo al que pertenecerán, y estuvieron tutorizados por funcionarios de la Policía Autonómica y no de la Local. «Estuvieron vigilando la zona de acampada, levantando actas y evitando que se encendieran fogatas -explican fuentes de la Unión-. El año pasado por lo menos se dedicaron a regular el tráfico, pero lo de ahora no tiene ningún sentido porque son funciones que no les competerán en el futuro».
Los alumnos estuvieron divididos en grupos de 16 en dos turnos diferenciados y trabajaron el sábado y el domingo de la Motorada, teniendo que desplazarse hasta Medina Sidonia para pernoctar, lo que como recuerda la UPLB implica un gasto añadido de hospedaje y traslados. «Ellos sólo llevan dos meses y en algunos casos ni siquiera han estado tutorizados, nos parece un absurdo. Lo lógico es que estas prácticas se hagan en su entorno y con funciones que sí les servirán en su trabajo».
Detrás de esta realidad, como apuntan desde el sindicato, se esconde la intención de la Junta de Andalucía de minimizar el gasto en lo relativo al dispositivo de seguridad, puesto que si un agente de la Autonómica va acompañado por varias personas en prácticas en lugar de por otro profesional, la dotación de policías se reduce a la mitad, a costa eso sí de que «el servicio se resquebraje».
«Un subterfugio»
«Esto es cuanto menos irregular. La Junta ha buscado un subterfugio escudándose en ampliar la formación de los alumnos, pero no se han tenido en cuenta las consecuencias si pasa algo». En este sentido, consideran que los futuros policías se han encontrado en una situación de riesgo, al carecer de la experiencia y las medidas necesarias para afrontar la participación en un evento de tal envergadura. Por todas estas razones, la Unión ya se planteó el pasado año la posibilidad de llevar el caso a los tribunales y exigir así las responsabilidades pertinentes a la Junta.
Por aquel entonces sólo se trató de una declaración de intenciones, pero tras la repetición de los hechos en esta edición del Gran Premio la junta directiva se planteó la opción más seriamente. Sin embargo, tras consultarlo con el gabinete jurídico del sindicato, al final se ha descartado emprender acciones ante la Justicia dadas las pocas posibilidades de que prosperase el recurso, según los propios interesados.
«Nuestros abogados dicen que existe un vacío legal y que como aún no son policías no podemos denunciar que hagan funciones de otro Cuerpo. Además, ellos pueden alegar que se trata de unas prácticas para ampliar la formación y que sólo se estaban familiarizando con el ambiente. Desafortunadamente, no creemos que haya viabilidad jurídica para seguir adelante».
En esta consideración puede que haya influido el precedente sevillano, donde en 2007 el Sppme interpuso un recurso ante el Contencioso-Administrativo, por la utilización de alumnos en prácticas para el dispositivo de El Rocío. A pesar de que los impulsores albergaban ciertas esperanzas, terminaron perdiendo la causa aunque aseguraron que no se rendirán en el futuro.
La argumentación del sindicato radica en que los futuros agentes realizaron tareas impropias del Cuerpo al que pertenecerán, y estuvieron tutorizados por funcionarios de la Policía Autonómica y no de la Local. «Estuvieron vigilando la zona de acampada, levantando actas y evitando que se encendieran fogatas -explican fuentes de la Unión-. El año pasado por lo menos se dedicaron a regular el tráfico, pero lo de ahora no tiene ningún sentido porque son funciones que no les competerán en el futuro».
Los alumnos estuvieron divididos en grupos de 16 en dos turnos diferenciados y trabajaron el sábado y el domingo de la Motorada, teniendo que desplazarse hasta Medina Sidonia para pernoctar, lo que como recuerda la UPLB implica un gasto añadido de hospedaje y traslados. «Ellos sólo llevan dos meses y en algunos casos ni siquiera han estado tutorizados, nos parece un absurdo. Lo lógico es que estas prácticas se hagan en su entorno y con funciones que sí les servirán en su trabajo».
Detrás de esta realidad, como apuntan desde el sindicato, se esconde la intención de la Junta de Andalucía de minimizar el gasto en lo relativo al dispositivo de seguridad, puesto que si un agente de la Autonómica va acompañado por varias personas en prácticas en lugar de por otro profesional, la dotación de policías se reduce a la mitad, a costa eso sí de que «el servicio se resquebraje».
«Un subterfugio»
«Esto es cuanto menos irregular. La Junta ha buscado un subterfugio escudándose en ampliar la formación de los alumnos, pero no se han tenido en cuenta las consecuencias si pasa algo». En este sentido, consideran que los futuros policías se han encontrado en una situación de riesgo, al carecer de la experiencia y las medidas necesarias para afrontar la participación en un evento de tal envergadura. Por todas estas razones, la Unión ya se planteó el pasado año la posibilidad de llevar el caso a los tribunales y exigir así las responsabilidades pertinentes a la Junta.
Por aquel entonces sólo se trató de una declaración de intenciones, pero tras la repetición de los hechos en esta edición del Gran Premio la junta directiva se planteó la opción más seriamente. Sin embargo, tras consultarlo con el gabinete jurídico del sindicato, al final se ha descartado emprender acciones ante la Justicia dadas las pocas posibilidades de que prosperase el recurso, según los propios interesados.
«Nuestros abogados dicen que existe un vacío legal y que como aún no son policías no podemos denunciar que hagan funciones de otro Cuerpo. Además, ellos pueden alegar que se trata de unas prácticas para ampliar la formación y que sólo se estaban familiarizando con el ambiente. Desafortunadamente, no creemos que haya viabilidad jurídica para seguir adelante».
En esta consideración puede que haya influido el precedente sevillano, donde en 2007 el Sppme interpuso un recurso ante el Contencioso-Administrativo, por la utilización de alumnos en prácticas para el dispositivo de El Rocío. A pesar de que los impulsores albergaban ciertas esperanzas, terminaron perdiendo la causa aunque aseguraron que no se rendirán en el futuro.
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