El Gobierno ha fracasado en su objetivo de consensuar la reforma de las prejubilaciones en el Pacto de Toledo. Los grupos no suscriben el paquete de medidas para endurecer las prejubilaciones. Por esta razón el Ministerio de Empleo aprobará los cambios por decreto antes de que finalice el mes de febrero, según fuentes gubernamentales.
El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre un real decreto para
poner en marcha la reforma de la Seguridad Social pactada en 2011 por el
gobierno socialista con los agentes sociales. Sin embargo, dejó
pendiente tres medidas que considera claves para eludir la presión de
Bruselas para endurecer la reforma y retrasar la edad real de jubilación
que se sitúa en 63,9 años: endurecer las prejubilaciones, eliminar la
jubilación parcial y permitir a los jubilados que trabajen.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, estaba convencida de que podría
implementar estos cambios de forma consensuada y por esta razón el
consejo de ministros le dio un margen de tres meses. Ante la
imposibilidad de que la oposición suscriba su paquete de reformas
aprobará los cambios por decreto antes de lo previsto para acabar con la
inseguridad jurídica que se ha generado en las empresas industriales y
frenar la sangría de desempleo. En 2012 las jubilaciones anticipadas
aumentaron un 14% y las parciales un 13%. La situación es tan grave que
uno de cada dos ciudadanos se jubilan de forma anticipada. Esta es la
razón por la que la Comisión Europea en su último examen ha exigido al
Gobierno que acelere las medidas para reformar la Seguridad Social.
Pese a todo, Empleo defiende que el decreto sea tramitado como
proyecto de ley. Esto permitiría que CiU y PSOE, que están de acuerdo en
las medidas para compatibilizar la pensión y el trabajo se sumaran al
consenso.
Los cambios que se aprobarán van dirigidos a impedir que
nadie pueda empezar a cobrar una prestación de la Seguridad Social por
jubilación antes de cumplir los 65 años. Según el secretario de Estado
Tomás Burgos sólo con que el 25% de los pensionistas siguieran
trabajando y cobraran sólo el 60% de la prestación que les
correspondiera, el ahorro para el sistema podría llegar a casi 500
millones anuales en unos años.
Endurecer las prejubilaciones
El cambio más importante va dirigido a poner límites a las dos
modalidades de jubilación anticipada. Es decir, a prohibir que se
adopten antes de los 63 años. Sólo se autorizarían a los 61 años para
los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos, tóxicos" y los
discapacitados. Cuando un trabajador se prejubila se le aplica un
coeficiente reductor sobre la prestación que le correspondería. El
cambio que se propone es que este coeficiente se calcule sobre la edad
legal de jubilación y sobre la base reguladora -con el fin de no
beneficiar a las pensiones más altas-. Además, debe ser proporcional al
número de años de anticipo de la edad de jubilación y sólo será
aplicable a partir de un número de años cotizados.
También se modificará la jubilación parcial con el fin de eliminar en
la práctica el contrato de relevo. Se trata de aumentar la jornada
laboral obligatoria al 50% (en lugar del actual 27%) y exigir un periodo
mínimo de cotización de 33 años. La empresa tendrá que pagar la
totalidad de las cotizaciones del trabajador jubilado y del joven
relevista. Además, se introducirán coeficientes reductores, se dará un
tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a
jornada completa.
