domingo, 30 de noviembre de 2014
lunes, 24 de noviembre de 2014
Instalan GPS en los patrulleros de la Policía Local de Algeciras.....sin informar a los Policías
Parece ser, porque nadie nos ha informado aún oficialmente, que se ha instalado una aplicación de geolocalización por GPS en vehículos municipales, concretamente en algunos patrulleros de la Policía Local.
USPLA-UPLBA agradece cualquier decisión que se tome desde nuestra jefatura para mejorar el servicio que ofrecemos a los ciudadanos. Lo que no entendemos es que si con esta decisión se obra de buena fe ¿por qué se le oculta entonces a la plantilla de la Policía Local que los vehículos están ahora dotados de este localizador.? ¿Por qué no se nos explica e informa del uso que se le piensa dar y como podemos sacarle todo el rendimiento posible en relación a satisfacer las demandas ciudadanas? ¿O es que realmente lo que se pretende no es mejorar el servicio de los agentes sino vigilarlos porque desconfían de que estén cumpliendo con su obligación y así poder “pillarlos”? Porque nuestra siguiente pregunta sería: ¿Quién vigila a los vigilantes. . .?
Ya existe un precedente en la Guardia Civil, por estas mismas circunstancias e incluso la Agencia de Protección de Datos, tras realizar una inspección, ha resuelto abrirles un expediente por haber infringido lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de de la citada Ley Orgánica, dado que considera “que los agentes deben ser informados previamente”. Creemos que es lo mínimo que se merecen quienes se dedican a velar diariamente por la seguridad de nuestra ciudad.
No nos quejamos de que nos vigilen, pues no tenemos nada que ocultar, pero sí de que no nos informen de tal hecho.
Por lo tanto, desde USPLA-UPLBA exigimos que se informe oficialmente a todos los Agentes de la instalación de la referida aplicación, en aras de la transparencia y la confianza que siempre debe imperar entre los Mandos y sus Agentes, así como en cumplimiento de la normativa vigente.
Igualmente exigimos que la instalación de este sistema de geolocalización por GPS sea utilizada exclusivamente para conseguir una mejora en la eficacia policial y la optimización de recursos, para de esta forma dar un mayor servicio a los ciudadanos de nuestra ciudad, por lo que el control de dicha aplicación debe realizarse desde la Central de Operadores para conocer en tiempo real, a través del sistema GPS instalado en los vehículos policiales, cuáles son los que están patrullando por la ciudad y dónde se encuentra cada uno de ellos, de tal modo que este conocimiento permita enviar, en el momento en que se produzca un accidente o cualquier altercado, a la patrulla más cercana al lugar de los hechos.
Esperamos que el Delegado de la Policía Local, si desconoce el tema, tome cartas en el asunto y dicte las instrucciones necesarias para la correcta utilización de esta “herramienta”.
miércoles, 19 de noviembre de 2014
EL GOBIERNO ESTUDIA LA SINIESTRALIDAD EN LA POLICÍA LOCAL PARA REGULAR COEFICIENTES REDUCTORES DE JUBILACIÓN
El Gobierno estudiará la siniestralidad en el ámbito de la Policía Local para regular los coeficientes reductores que se pueda aplicar este colectivo para acceder a la jubilación antes que la población general, y ya ha puesto en marcha una plataforma a través de la cual más de 120 ayuntamientos han remitido ya la información pertinente.
Así lo ha señalado este martes la diputada ´popular´ Ana Belén Vázquez en la Comisión de Empleo del Congreso, durante el debate de una iniciativa de UPyD pidiendo que se reconozca la peligrosidad de la profesión para que los agentes municipales puedan jubilarse antes.
Proposición no de Ley sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales. (Núm.Exp. 161/002931 )
Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. (18nov2014)
INTERVENCIÓN DE UPyD:
INTERVENCIÓN DEL GRUPO POPULAR:
Proposición no de Ley sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales. (Núm.Exp. 161/002931 )
Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. (18nov2014)
INTERVENCIÓN DE UPyD:
INTERVENCIÓN DEL GRUPO POPULAR:
RESTO DE INTERVENCIONES:
sábado, 15 de noviembre de 2014
El TJUE sentencia que la edad máxima de 30 años para acceder a la Policía Local es una "discriminación injustificada"
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Sentencia en el asunto C-416/13 - Vital Pérez / Ayuntamiento de Oviedo
COMUNICADO DE PRENSA nº 149/14:
La Ley del Principado de Asturias que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local es contraria al Derecho de la Unión En efecto, este límite de edad es una discriminación injustificada
Una Directiva de la Unión establece un marco general en favor de la igualdad de trato en el ámbito del empleo y de la ocupación para luchar contra diferentes clases de discriminación. La Directiva prohíbe concretamente toda discriminación en el ámbito del empleo basada directa o indirectamente en la edad.
El Sr. Vital Pérez reprocha al Ayuntamiento de Oviedo que aprobara las bases específicas para la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de quince plazas de agentes de la Policía Local. La convocatoria establece, entre otros requisitos, que los candidatos no deben superar la edad de 30 años. Según el Sr. Vital Pérez, este requisito vulnera su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El Ayuntamiento de Oviedo alega que la convocatoria de pruebas selectivas se atiene a lo dispuesto en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y que el Tribunal de Justicia ya se pronunció a favor de un límite de edad similar en un caso análogo, relativo al acceso al servicio técnico de nivel medio de los bomberos en Alemania.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva permite que en una convocatoria de pruebas selectivas conforme con una Ley autonómica de un Estado miembro se establezca una edad máxima de 30 años para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a una normativa nacional, como la Ley del Principado de Asturias, que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.
El Tribunal de Justicia indica que la Ley del Principado de Asturias establece, sin lugar a dudas, una diferencia de trato basada directamente en la edad: esta Ley tiene como consecuencia que, en situaciones comparables, determinadas personas reciban un trato menos favorable que otras por el único motivo de haber superado los 30 años de edad.
El Tribunal de Justicia reconoce que algunas de las funciones de agente de la Policía Local (a saber, la protección de las personas y bienes, la detención y custodia de los autores de hechos delictivos y las patrullas preventivas) pueden requerir capacidades físicas específicas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que nada demuestra que las capacidades físicas específicas requeridas para el ejercicio de la función de agente de la Policía Local estén necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado y no puedan darse en personas que hayan superado determinada edad. En consecuencia, nada permite afirmar que el objetivo legítimo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del cuerpo de agentes de la Policía Local exija mantener una determinada estructura de edad en su seno que imponga seleccionar exclusivamente a funcionarios que no superen la edad de 30 años. Por ello, el límite de edad fijado por la Ley del Principado de Asturias es un requisito desproporcionado.
El Tribunal de Justicia subraya que, según las propias bases de la convocatoria controvertida, los candidatos a las plazas de agentes de la Policía Local deben realizar determinadas pruebas físicas específicas. Según el juez nacional, estas pruebas físicas, por su carácter exigente y eliminatorio, permiten alcanzar el objetivo de que los agentes de Policía Local tengan las condiciones físicas especiales necesarias para el desarrollo de su profesión de un modo menos restrictivo que la fijación de una edad máxima.
Además, el Tribunal de Justicia considera que ninguno de los elementos que se le han remitido permite considerar que el límite de la edad para participar en la convocatoria sea apropiado y necesario habida cuenta de dos objetivos legítimos de política social: i) garantizar que los agentes tengan la formación requerida para el puesto de que se trata (la Ley del Principado de Asturias no precisa las características de la formación que han de cursar los candidatos que hayan superado las pruebas de la oposición aprobada por el Ayuntamiento de Oviedo) y ii) garantizar a los agentes un período de actividad razonable previo a la jubilación (ya que la edad de jubilación de los agentes de la policía local está fijada en 65 años).
«Los artículos 4, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que fija una edad máxima de 30 años para participar en unas pruebas selectivas para la provisión de plazas en el cuerpo de agentes de la Policía Local»
- En prensa:
La Ley asturiana que fija en 30 años la edad máxima para ser policía local, contraria al Derecho de la UE
- En prensa:
La Ley asturiana que fija en 30 años la edad máxima para ser policía local, contraria al Derecho de la UE
viernes, 14 de noviembre de 2014
RECUPERACIÓN DE LA PARTE DEVENGADA DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE 2012
El pasado mes de Junio nuestro Sindicato UPLBA envió escrito al Presidente del Gobierno solicitando la aprobación de una normativa estatal para proceder al abono de los días devengados de la paga extraordinaria de 2012.
Recibida respuesta insatisfactoria al respecto en el mes de agosto de la mano del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, volvimos a insistir en el asunto pidiendo expresamente el reflejo de nuestra petición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (ver escritos más abajo).
Pues bien, desconocemos si dichos escritos han podido influir en algo, lo importante es que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 contempla lo siguiente en su Disposición Adicional Décima:
“ 1.- Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente
disposición.
2.- Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. “
El Ayuntamiento de Algeciras anunció, el pasado 22/10/14, que reintegrará a los trabajadores municipales la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012, que fue suprimida en aquel ejercicio y que se ha cuantificado en la cantidad de 44 días.
El compromiso del equipo de Gobierno con la Junta de Personal pasa por incluir en el presupuesto municipal de 2015 la cantidad necesaria para hacer frente a este abono, que se pagaría a los empleados municipales en el primer trimestre del año próximo.
martes, 4 de noviembre de 2014
ROJO, AMARILLO Y VERDE
Ha comenzado la nueva temporada del programa "Rojo, Amarillo y Verde", sobre educación vial.
El espacio, que ofrece contenidos sobre tráfico y seguridad, es emitido en Onda Algeciras TV y en él colabora nuestro compañero Juan Cózar, responsable del Gabinete de Educación Vial de la Policía Local de Algeciras.
El espacio, que ofrece contenidos sobre tráfico y seguridad, es emitido en Onda Algeciras TV y en él colabora nuestro compañero Juan Cózar, responsable del Gabinete de Educación Vial de la Policía Local de Algeciras.
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| 2º Programa |
viernes, 31 de octubre de 2014
Concentración de UPLBA Andalucía en Torrox
Con la intención de no interrumpir el normal desarrollo del pleno y de paso, no dejarle más excusas al Alcalde en sus críticas a este Sindicato, la Sección Sindical de UPLBA TORROX, de forma conjunta con delegados sindicales de la provincia y en esta ocasión de toda Andalucía, se ha concentrado nuevamente ante las puertas del Ayuntamiento.
El Alcalde sigue manteniendo en su puesto a un Jefe condenado, alargando la agonía de un cese definitivo que vendrá de Madrid, donde esta semana además, hemos conocido las intenciones del Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo, que no es otra que ratificar la decisión del Tribunal que lo juzgó en la Audiencia y dejar sin efecto el recurso al que de forma irracional, tanto se agarra este Alcalde para mantenerle las prebendas al Jefe del Cuerpo, en un puesto que ya no ocupa de forma física.
Sigue manteniendo apartado al Oficial suspendido desde hace 14 meses, donde incluso esta semana también, ha recibido la notificación de los Juzgados correspondientes, sobre el archivo de la causa que de forma tan ridícula el Alcalde inició.
Ante esta actitud tozuda e irracional del Alcalde, este sindicato se ve en la obligación de alargar las concentraciones, pidiéndole que actúe antes las dos prerrogativas indicadas, pero al final, por lo visto, se ha visto en la obligación de acudir a una reunión o ha debido de causar baja, lo desconocemos.
Pero lo dijimos, así que no nos deja más remedio que la próxima concentración se haga coincidir con el pleno municipal para ser oídos por él.
lunes, 20 de octubre de 2014
Derecho de réplica
Con motivo de la publicación en este Blog de una noticia recogida en varios medios, sobre el cierre de La caseta Los Bribones durante la Feria Real 2009, el responsable de la misma nos ha solicitado que de la misma forma publiquemos la nota de prensa que han redactado tras declararse firme la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras, y refrendada ahora por el TSJA (Sevilla), por la que se declara ilegal el referido cierre.
En base al derecho de réplica nos hacemos eco de la referida NOTA DE PRENSA
viernes, 17 de octubre de 2014
martes, 14 de octubre de 2014
Una sentencia firme ha reconocido los días de antigüedad a los empleados públicos vascos
> La sentencia, que afecta inicialmente a 1.200 ertzainas afiliados a Erne, reconoce que los empleados públicos con 18 años de antigüedad tienen derecho a los dos días libres que les había arrebatado Rajoy, lo que supondrá millones de euros.
> La magistrada sostiene que los días de antigüedad son vacaciones a todos los efectos y como tales "vacaciones retribuidas" forman parte del Derecho Social de la UE y del catálogo de "derechos fundamentales de la Carta de la UE"
El Gobierno del lehendakari Urkullu tiene un nuevo problema que puede tener incidencia en los futuros Presupuestos o en los servicios públicos. Una sentencia firme ha reconocido los días de antigüedad a los empleados públicos vascos que les habían sido arrebatados por el Real Decreto aprobado por la vía de urgencia por el Ejecutivo de Rajoy el 13 de julio de 2012 en sus primeras medidas de recortes para garantizar "la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". La resolución judicial, de marzo de este año, pero que es firme ahora tras la negativa del del Tribunal Supremo a admitir a trámite el recurso, se refiere a los dos días de antigüedad de 2013 que tienen reconocidos los ertzainas a partir de los 18 años de ejercicio, pero al ser firme en principio es extensible a todos los empleados públicos. En el caso de Euskadi, 41.046.
A los 50 millones de euros que ya va a tener que desembolsar en diciembre por el 25% de la paga extraordinaria de 2012 que fue suprimida por orden de Rajoy, ahora se puede unir otro volumen importante de gasto o, en el caso de que se den los días, puede suponer que algunos servicios públicos (sanidad, educación o seguridad) se resienta por el volumen de horas que implica esta decisión judicial.
En Euskadi hay cerca de 70.000 empleados públicos, de los que tienen 18 o más años de antigüedad, que según la resolución judicial "son vacaciones" a todos los efectos y como tales "vacaciones retribuidas" forman parte del Derecho Social de la UE y del catálogo de "derechos fundamentales de la Carta de la UE". Y precisamente ese rango es el que le lleva a la magistrada a afirmar que "el derecho a las vacaciones no puede ser interpretado de manera restrictiva". La resolución judicial consolida los días de antigúedad que los empleados tengan reconocidos a fecha de 15 de julio de 2012.
De unos 42.000 empleados publicos -sin contar Osakidetza, que es un ente público de derecho privado- el número total de funcionarios que pueden beneficiarse de esta resolución judicial son 23.757. Por sectores dependientes de la Función Pública del Ejecutivo vasco, los empleados públicos se reparten de esta manera: Educación (13.139 trabajadores), Administración general (4.344 trabajadores), Seguridad (6.202), Justicia (72). En total, 23.757 empleados públicos, según datos oficiales facilitados por Función Pública. A este número hay que sumar los trabajadores de Osakidetza -que cuenta con una plantilla estructural de 25.807- que tienen más de 18 años de antiguedad: en total 17.289. Es decir, que el cómputo total es de 41.046 empleados
¿Hay automatismo a la hora de beneficiarse de la sentencia? No, salvo que la Administración decida por ejemplo incorporarlo en la negociación de la Mesa General de la Función Pública. Pero, abierto el reconocimiento en los tribunales, serán los empleados públicos -aquí, pero también en el resto de España- los que tendrán que instar al reconocimiento para beneficiarse de esos días de vacaciones. El caso llegó a los tribunales de la mano de Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza. La sentencia que ha permitido revocar la medida de Rajoy fue dictada por la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, Ana María Martínez Navas, el pasado 24 de marzo y afectaría a un total de 1.200 ertzainas representados por este sindicato. Otros dos sindicatos tienen en cartera los casos de otros 200 agentes. De hecho, un total de 20 agentes ya han disfrutado de los días correspondientes a 2013. El próximo 7 de noviembre se celebrarán las vistas que afectan a los 1.200 ertzainas que lleva Erne en los tribunales y las resoluciones -que serán idénticas a la primera- se esperan para antes de que termine el año.
Reunión de los letrados del Gobierno
La sentencia, de 13 folios, la jueza considera que la modificación efectuada vía Real Decreto en julio de 2012 por el Gobierno de Rajoy "no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplid los 15 años de servicio o más o 18 o más en la Ertzaintza, hubieren causado derecho a disfrutar de los días adicionales de vacaciones que le correspondieren". Por tanto, el paquete de recortes de Rajoy vía ese Real Decreto "no impide que el personal funcionario, estatutario, laboral disfrute los días correspondientes al año 2012, conforme a la normativa vigente hasta la entrada en vigor" de ese decreto.
Los letrados del Ejecutivo vasco intentaron sin éxito suspender el proceso mientras se tramitan los recursos de inconstitucionalidad. La juez lo desestimó. Pese a que la sentencia era firme, recurrieron en interés de ley en casacion al Tribunal Supremo. Pero fue inadmitido por un defecto de forma. Esta situación motivo una reunión del equipo de letrados de los servicios jurídicos del Ejecutivo, liderados por el director de lo Contencioso, Alberto Saiz Garitaonaindia, -dependientes del Departamento de Justicia que dirige Josu Erkoreka- ante las implicaciones de la sentencia. La preocupación inicial fue para el Departamento de Seguridad, que es el primero que se enfrenta a la aplicación de una resolución que afecta a todos los sectores.
Ahora, ya hay 20 ertzainas a los que el Departamento de Seguridad les ha dado los días de vacaciones, pero el próximo 7 de noviembre se celebrarán las vistas que afectan a un total de 1.200 agentes para el reconocimiento de los días de antigüedad. Lo que traducido en horas de servicio supone una estimación de 36.000 horas. En dinero, supondría unos 900.000 euros, según cálculos de la central. Estos son los casos que lleva el servicio jurídico de Erne. Luego habría que sumar el resto de causas abiertas y las que puedan venir. El sindicato SATSE ya ha anunciado que tiene otros 1.500 casos en cartera y así con todos los sectores de la Administración -incluidos empleados públicos del resto de España cuyos representantes sindicales se han interesado por la sentencia, según fuentes jurídicas.
Fuente: eldiario.es
UPLBA está valorando las posibilidades de hacer extensiva esta sentencia a nivel nacional o de iniciar los recursos en todos los ayuntamientos.
A los 50 millones de euros que ya va a tener que desembolsar en diciembre por el 25% de la paga extraordinaria de 2012 que fue suprimida por orden de Rajoy, ahora se puede unir otro volumen importante de gasto o, en el caso de que se den los días, puede suponer que algunos servicios públicos (sanidad, educación o seguridad) se resienta por el volumen de horas que implica esta decisión judicial.
En Euskadi hay cerca de 70.000 empleados públicos, de los que tienen 18 o más años de antigüedad, que según la resolución judicial "son vacaciones" a todos los efectos y como tales "vacaciones retribuidas" forman parte del Derecho Social de la UE y del catálogo de "derechos fundamentales de la Carta de la UE". Y precisamente ese rango es el que le lleva a la magistrada a afirmar que "el derecho a las vacaciones no puede ser interpretado de manera restrictiva". La resolución judicial consolida los días de antigúedad que los empleados tengan reconocidos a fecha de 15 de julio de 2012.
De unos 42.000 empleados publicos -sin contar Osakidetza, que es un ente público de derecho privado- el número total de funcionarios que pueden beneficiarse de esta resolución judicial son 23.757. Por sectores dependientes de la Función Pública del Ejecutivo vasco, los empleados públicos se reparten de esta manera: Educación (13.139 trabajadores), Administración general (4.344 trabajadores), Seguridad (6.202), Justicia (72). En total, 23.757 empleados públicos, según datos oficiales facilitados por Función Pública. A este número hay que sumar los trabajadores de Osakidetza -que cuenta con una plantilla estructural de 25.807- que tienen más de 18 años de antiguedad: en total 17.289. Es decir, que el cómputo total es de 41.046 empleados
¿Hay automatismo a la hora de beneficiarse de la sentencia? No, salvo que la Administración decida por ejemplo incorporarlo en la negociación de la Mesa General de la Función Pública. Pero, abierto el reconocimiento en los tribunales, serán los empleados públicos -aquí, pero también en el resto de España- los que tendrán que instar al reconocimiento para beneficiarse de esos días de vacaciones. El caso llegó a los tribunales de la mano de Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza. La sentencia que ha permitido revocar la medida de Rajoy fue dictada por la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, Ana María Martínez Navas, el pasado 24 de marzo y afectaría a un total de 1.200 ertzainas representados por este sindicato. Otros dos sindicatos tienen en cartera los casos de otros 200 agentes. De hecho, un total de 20 agentes ya han disfrutado de los días correspondientes a 2013. El próximo 7 de noviembre se celebrarán las vistas que afectan a los 1.200 ertzainas que lleva Erne en los tribunales y las resoluciones -que serán idénticas a la primera- se esperan para antes de que termine el año.
Reunión de los letrados del Gobierno
La sentencia, de 13 folios, la jueza considera que la modificación efectuada vía Real Decreto en julio de 2012 por el Gobierno de Rajoy "no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplid los 15 años de servicio o más o 18 o más en la Ertzaintza, hubieren causado derecho a disfrutar de los días adicionales de vacaciones que le correspondieren". Por tanto, el paquete de recortes de Rajoy vía ese Real Decreto "no impide que el personal funcionario, estatutario, laboral disfrute los días correspondientes al año 2012, conforme a la normativa vigente hasta la entrada en vigor" de ese decreto.
Los letrados del Ejecutivo vasco intentaron sin éxito suspender el proceso mientras se tramitan los recursos de inconstitucionalidad. La juez lo desestimó. Pese a que la sentencia era firme, recurrieron en interés de ley en casacion al Tribunal Supremo. Pero fue inadmitido por un defecto de forma. Esta situación motivo una reunión del equipo de letrados de los servicios jurídicos del Ejecutivo, liderados por el director de lo Contencioso, Alberto Saiz Garitaonaindia, -dependientes del Departamento de Justicia que dirige Josu Erkoreka- ante las implicaciones de la sentencia. La preocupación inicial fue para el Departamento de Seguridad, que es el primero que se enfrenta a la aplicación de una resolución que afecta a todos los sectores.
Ahora, ya hay 20 ertzainas a los que el Departamento de Seguridad les ha dado los días de vacaciones, pero el próximo 7 de noviembre se celebrarán las vistas que afectan a un total de 1.200 agentes para el reconocimiento de los días de antigüedad. Lo que traducido en horas de servicio supone una estimación de 36.000 horas. En dinero, supondría unos 900.000 euros, según cálculos de la central. Estos son los casos que lleva el servicio jurídico de Erne. Luego habría que sumar el resto de causas abiertas y las que puedan venir. El sindicato SATSE ya ha anunciado que tiene otros 1.500 casos en cartera y así con todos los sectores de la Administración -incluidos empleados públicos del resto de España cuyos representantes sindicales se han interesado por la sentencia, según fuentes jurídicas.
Fuente: eldiario.es
UPLBA está valorando las posibilidades de hacer extensiva esta sentencia a nivel nacional o de iniciar los recursos en todos los ayuntamientos.
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