miércoles, 26 de mayo de 2010

Policías Locales no retiran coches porque dicen que la Ley no se lo permite

Numerosos policías municipales dejaron ayer de participar en la retirada de vehículos de la vía pública tras la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (Ley 18/2009), según informó a ABC el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme).

La reivindicación del sindicato está siendo estudiada por las delegaciones de Movilidad y Convivencia, si bien el Ayuntamiento advirtió que mientras tanto «los agentes tienen la obligación de cumplir sus competencias, entre las que se encuentra sancionar y retirar, si procede, vehículos que gravemente obstaculicen el trafico en la ciudad».

La nueva ley establece en su artículo 85 que «la autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe...». El artículo 83.2 de la ley se refiere a los «agentes de la autoridad» para decir que pueden ordenar la inmovilización, «pero —advierte Sppme— no dice nada de la retirada». El Sindicato de Policías afirma que «el alcalde es la Autoridad encargada de la gestión del tráfico, por lo que sólo un decreto de Alcaldía puede delegar esas competencias en la Policía Local».

El Sppme afirma que se ha sumado a su propuesta la brigada motorista de la Policía Local y ha recomendado al resto de agentes —unos 900— que no participen en la retirada de vehículos con las grúas «hasta que se dicte por la Alcaldía la forma de actuar, ya que en estos momentos no estamos amparados por la Ley para hacerlo».

Fuentes del sindicato indicaron que «mientras que otros ayuntamientos han adecuado su normativa a la nueva Ley 18/2009, el Ayuntamiento de Sevilla no lo ha hecho a pesar de las advertencias que hemos hecho por escrito desde hace tiempo». Incluso, el sindicato afirma que advirtió de la necesidad de cambiar la normativa en una reunión que tuvieron el pasado 19 de mayo con los concejales de Movilidad, Francisco Fernández; el de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir; el jefe de la Policía Local y una representación de Aussa.

El Sppme presentó alegaciones contra la aprobación inicial de la «Ordenanza Telemática» aprobada por el Ayuntamiento, haciéndose mención expresa al artículo 85 de la nueva Ley.

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