El Gobierno ha decidido reducir la retribución del personal del sector público de media un 5% en 2010 y se congela para 2011, año en el que se consolidará esta rebaja. Es decir, que la reducción también se aplicará a la partida total del próximo ejercicio para pagar a los funcionarios, policías, bomberos, personal sanitario y todo el personal dependiente de las Administraciones Públicas, ya sean del Estado o las comunidades. Eso sí, no será igual para todos. Según ha explicado Zapatero, la medida será proporcional a los ingresos, por lo que afectará más a los salarios más altos. El Gobierno, por su parte, recorta los suyos en un 15%. En total, calcula que este tijeretazo le permitirá ahorrar 2.400 millones este año, cifra que ascendería a 3.000 millones si el Congreso, el Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos, que tienen potestad para decidir los sueldos de sus empleados, al igual que el Poder Judicial, toman ejemplo de esta medida. A lo largo de la aplicación de la medida, 2010 y 2011, el total de dinero que se dejaría de gastar asciende a unos 4.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones.
La decisión, sin embargo, pone en duda el pacto firmado entre este colectivo, que agrupa a 2,5 millones de trabajadores, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y que permitió subir un 0,3% los sueldos a principios de este año con la condición de mantenerlos sin cambios el próximo y abonar la inflación con carácter de retroactividad a partir de 2012. Estas medidas se suman a la reducción de la tasa de reposición prevista en el plan presentado hace unos meses y que fija que por cada 10 funcionarios que se jubilen solo será sustituido uno.
Hasta ahora, ningún Ejecutivo anterior había reducido la nómina de los funcionarios, un colectivo que, sin embargo, ha visto su sueldo congelado en los últimos 20 años (la primera ocasión en 1994, con Felipe González en el poder, y la segunda en 1997, en el primer mandato de Aznar, que fue respondida con una huelga en la función pública).
La decisión, sin embargo, pone en duda el pacto firmado entre este colectivo, que agrupa a 2,5 millones de trabajadores, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y que permitió subir un 0,3% los sueldos a principios de este año con la condición de mantenerlos sin cambios el próximo y abonar la inflación con carácter de retroactividad a partir de 2012. Estas medidas se suman a la reducción de la tasa de reposición prevista en el plan presentado hace unos meses y que fija que por cada 10 funcionarios que se jubilen solo será sustituido uno.
Hasta ahora, ningún Ejecutivo anterior había reducido la nómina de los funcionarios, un colectivo que, sin embargo, ha visto su sueldo congelado en los últimos 20 años (la primera ocasión en 1994, con Felipe González en el poder, y la segunda en 1997, en el primer mandato de Aznar, que fue respondida con una huelga en la función pública).
USPLA valora de forma muy negativa las propuestas realizadas por el Gobierno que presentan a los funcionarios como los "chivos expiatorios" de la crisis y que sean estos los que tengan que pagar la nefasta gestion económica que han llevado a cabo en los últimos años.
Una cosa deben tener clara y nosotros tener en cuenta: ¡NOS ENGAÑARÁN EN EL SUELDO PERO NO EN EL TRABAJO!.......o lo que es igual, TRABAJA SEGÚN TE PAGUEN!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario