Una sentencia da la razón a un empleado que fue sancionado con 300 euros por no dejar entrar a la Policía Local para supervisar los trabajos que estaba haciendo en una vivienda
Un juez obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar una orden judicial siempre que vaya a realizar una inspección urbanística en un domicilio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 dictó una sentencia a finales de 2008 en la que daba la razón al empleado de una empresa de muebles de cocina, que se encontraba en una vivienda trabajando e impidió a dos agentes de la Policía Local acceder a supervisar las obras. Fue sancionado con 300 euros. Fuentes de Urbanismo aseguraron que este procedimiento ya se cumple.
Los hechos ocurrieron en enero de 2007 en el barrio de Las Delicias. El empleado de Eldicar, el nombre de la tienda, se encontraba solo en la vivienda del cliente, cuando la Policía Local intentó entrar. Este les facilitó su identidad y la licencia de obra menor, pero no les dejó pasar "porque no tenía autorización de los propietarios". Los agentes abrieron diligencias por cometer una infracción leve al "impedir el ejercicio de la función de vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística". El empleado demandó al ayuntamiento y el juez le ha dado la razón y ha obligado al consistorio a pagar las costa, que ascienden a 250 euros.
La sentencia se sustenta en un derecho fundamental como es el de la inviolabilidad del domicilio frente al deber de colaborar con la inspección urbanística. Es más, el juez considera que aunque hubiera sido el propietario de la vivienda el que hubiera negado el acceso a los policías, este "tampoco estaría cometiendo infracción alguna dado que el inspector debería haber solicitado la oportuna autorización judicial". En este sentido, el magistrado considera que el recurrente "actuó en todo momento de forma respetuosa con la Ley Urbanística y como garante de la inviolabilidad del domicilio de terceros".
Según explicaron fuentes de Urbanismo, este es "un caso aislado". Para hacer una inspección urbanística en un domicilio, se llama a los propietarios para acordar una fecha y hora. Si una vez que están ahí los policías locales o los técnicos municipales, los propietarios se arrepienten y no permiten la entrada, se cursa una autorización en el juzgado.
Durante 2008, Urbanismo realizó 772 inspecciones urbanísticas de obras (una media de dos al día). En la mayoría de los casos, se iniciaron por denuncias de un tercero, normalmente de algún vecino. De estas, la mitad se acometieron en viviendas y de ellas, el 20% tuvieron que ver con reformas de la distribución interior del piso. Las sanciones por infracciones urbanísticas oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, en función de que el hecho sea legalizable o no a posteriori.
COMPAÑEROS....AL LORO!!!
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